Objetivo: Vivir en familia

El adelanto electoral dejó en el aire algunas de las reformas legislativas del ámbito social defendidas por el Gobierno –ahora en funciones– de José Luis Rodríguez Zapatero. Por el camino se quedaron leyes como la de muerte digna, igualdad de trato y protección de la infancia. Esta última, presentada por Leire Pajín en el Consejo de Ministros en el mes de julio, se quedó a las puertas del Parlamento y paralizó la mejora de un sistema que actualmente mantiene bajo la custodia de las administraciones públicas a entre 35.000 y 40.000 menores de edad. Entre esos cambios destacaba la prohibición de que los menores de tres años fueran a centros de acogida. Ese veto debía extenderse, pasado un tiempo, a los niños tutelados de tres a seis años.
Ahora, el ejecutivo que se debe constituir en unas semanas se encontrará sobre la mesa con un proyecto de ley que asumió punto por punto las principales recomendaciones impulsadas por el Senado, después de casi dos años de trabajos en comisión. Dichas propuestas de mejoras gozaron del apoyo de todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular.
Al igual que las oenegé dedicadas a la defensa de los derechos de los menores, los senadores apostaron por mejorar la protección de los menores en situación de desamparo y potenciar la acogida familiar frente a su ingreso en centros de acogida. Tal como aconsejan desde hace años los expertos, para incrementar las garantías de estabilidad y seguridad para los más pequeños.
No se trata, en ningún caso, de un problema menor: hay hasta 40.000 niños y adolescentes en España tutelados por la Administración debido a la imposibilidad de ser atendidos por sus padres biológicos. De ellos, entre un 70% y un 75% vive en residencias. El resto se encuentra en acogimiento familiar, en general con parientes. Tan sólo un 8% está en hogares donde no existe vínculo familiar alguno.
Siguiendo las pautas del Senado, el anteproyecto de ley impulsado por el departamento de Política Social proponía unificar los procedimientos y normativas en toda España, para facilitar la coordinación y control de las actuaciones relacionadas con la acogida y la adopción nacional. Además, suprimía la acogida preadoptiva y permitía la adopción de mayores de 18 años, cuando estos hubieran estado previamente en situación de acogida familiar (ahora sólo es posible si el acogimiento se produce antes de los 14 años) o de convivencia estable (normalmente con un familiar).
En materia de protección a los menores, el nuevo gobierno que presidirá Mariano Rajoy deberá decidir, además, si atiende a las reclamaciones de las sociedades médicas que piden cambios normativos para dificultar el acceso al alcohol de los más jóvenes. En esta cuestión, el PP siempre se ha mostrado reacio a modificar la normativa.
(La Vanguardia.com)